Desde la sombra de un árbol de mango de las Indias Orientales en Rock Hole, George Town, una residente de toda la vida, que pidió ser identificada únicamente como la Sra. McField, vigila a los transeúntes.
“Hay que tener cuidado con algunos de ellos, que rápidamente tiran su basura en el jardín mientras pasan en sus viejas bicicletas”, dijo la mujer de 76 años.
Armada con su rastrillo y una bolsa de plástico de la tienda de comestibles, pasa algunas horas cada mañana cuidando su pequeño pedazo de paraíso: un jardín de varias casas que ha pertenecido a su familia durante generaciones.
“Hago lo mejor que puedo para mantenerlo limpio, salgo antes de que el sol caliente, barro el jardín y me aseguro de que las gallinas no lleguen a mi basura”, dijo. “La mayoría de mis vecinos hacen lo mismo, pero a algunas personas que son nuevas en la comunidad no les importa y simplemente tiran basura por todas partes”.
Pero la basura no se limita a la comunidad Rock Hole de McField.
Desde East End hasta West Bay y, en menor medida, en las Islas Hermanas, la basura se esparce por todo el follaje circundante.
Los automóviles abandonados sobre bloques de cemento son visibles desde residencias privadas, estacionamientos comerciales e incluso a lo largo de vías comunitarias. La materia vegetal y una gran cantidad de electrodomésticos se abandonan en matorrales y reservas naturales cubiertos de maleza, todo a pesar de una ley que prohíbe multas o penas de cárcel por tirar basura.
Pero una sentencia reciente, sencilla pero histórica, dictada recientemente por el magistrado principal Valdis Foldats podría indicar un cambio radical en los esfuerzos en curso para mantener a raya la basura.
