Los proyectos de ley de vacunas para permisos de trabajo son constitucionales, dice el Fiscal General

Las enmiendas a la legislación de inmigración y control fronterizo aprobadas por el Parlamento, que agregarán la vacuna COVID-19 a las condiciones para los titulares de permisos de trabajo y algunas categorías de residentes, son constitucionales y resistirán los desafíos legales, dijo el fiscal general Samuel Bulgin al Parlamento el lunes por la noche. Dijo que el gobierno puede hacer cosas que podrían violar la Declaración de Derechos en interés de la salud o la seguridad públicas.

Dijo que el público tenía plena libertad para impugnar cualquier ley introducida por el gobierno, pero confiaba en que defendería con éxito cualquiera de las impugnaciones anticipadas a estas enmiendas legislativas. Bulgin, quien ha asesorado a la administración del PACT sobre las enmiendas, defendió el requisito y dijo que los gobiernos pueden, cuando sea necesario, introducir varias condiciones a los trabajadores extranjeros en interés del país o por razones de seguridad pública.

“Estos cambios son una respuesta racional y proporcionada a esta mortal pandemia de COVID-19 y, en nuestra opinión, son totalmente compatibles con los derechos contenidos en la Constitución de las Islas Caimán”, dijo.

Citando la jurisprudencia que respalda la posición del gobierno, dijo que el actual régimen de inmigración ya prevé que las juntas implementen requisitos razonables para la entrada. Agregó que no existe una expectativa legítima en Caimán de que cualquier titular de un permiso de trabajo ingrese, permanezca o se establezca aquí, ya que queda a discreción de las autoridades según las condiciones.

“Aquellos… que están solicitando venir y trabajar no pueden tener una expectativa legítima de que se les conceda hacerlo a menos que, por supuesto, estén dispuestos a cumplir con ciertas condiciones”, dijo. “Y no hay expectativas de que se renueve un permiso de trabajo. No importa si es una primera renovación, un segundo permiso o un décimo”, agregó Bulgin.

La vacuna será solo una condición adicional, dijo Bulgin, aceptando que aquellos que han estado aquí por algún tiempo y que enfrentan la opción de tomar la vacuna o irse enfrentarán la interrupción de su derecho a la vida familiar si eligen no vacunarse. Sin embargo, el gobierno aún puede interferir con ese derecho, dado que tiene la obligación de proteger a su gente y al sistema de salud en general, señaló.

Reducir el número de personas en riesgo de enfermarse gravemente protegerá al sistema de salud y a las personas y hará que la condición de la vacuna sea razonable.

Bulgin dijo que la imposición de este requisito fue proporcionada, dada la situación y el aumento en la transmisión comunitaria a medida que el gobierno se mueve para reabrir las fronteras. Explicó que, debido a que la vacuna que se usa aquí está probada para prevenir enfermedades graves o la muerte, el mandato está justificado.

“Existe evidencia creciente y creíble de que aquellos que están vacunados tienen menos probabilidades de infectarse con COVID-19 y menos probabilidades de transmitir el virus a otros”, agregó, mientras explicaba por qué cree que las enmiendas estarán aisladas de cualquier impugnación legal basada en las disposiciones de la Declaración de Derechos.

Dijo que el gobierno había hecho todo lo posible para alentar a las personas a tomar la vacuna voluntariamente y estaba satisfecho de que este mandato fuera proporcionado porque se aplicaba solo a las personas que tienen una opción y deben aceptar las condiciones del régimen de permisos de trabajo.