Las autoridades penitenciarias cubanas castigaron a varios presos políticos del 11J por negarse a una “rehabilitación ideológica” y a cambiar su postura contra el gobierno de la isla.
Dayana Aranda Batista, esposa del manifestante Juan Enrique Pérez Sánchez, quien cumple sentencia de ocho años de privación de libertad en la cárcel de Quivicán por los supuestos delitos de sabotaje, desacato y desorden público dijo que hace dos meses no lo puede visitar.
En declaraciones a Radio y Televisión Martí agregó que lo último que supo de su pareja, residente en el poblado de Vegas, en la provincia Mayabeque, fue que “se mantiene en su posición, que se niega a seguir usando la ropa de preso común. Le restringieron todas sus llamadas y visitas, le quitaron todos los privilegios para reclusos, y lo mantienen en el mismo destacamento con asesinos que cumplen hasta de 40 años por asesinato. Él es la única persona del 11 de julio que se encuentra en ese destacamento”.
En marzo de este año fue trasladado de la prisión Melena II, en Güines, a la de Quivicán, mientras mantenía la huelga de hambre que inició el pasado 26 de febrero, en reclamo de su liberación, y por las pésimas condiciones imperantes en el centro penitenciario.
Por su parte, los familiares de Yosvany Rosell García Caso denunciaron que le suspendieron las visitas conyugales y que tampoco recibe los medicamentos que necesita. Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, aseguró que estas medidas eran como represalia por su decisión de vestirse de blanco en el recinto penal de Cuba Sí, en Holguín, durante el primer aniversario de las protestas masivas.
Por su actitud el joven manifestante de 33 años y padre de tres hijos menores de edad, fue golpeado y trasladado a una celda de castigo.
“El día 23 de agosto tenía la visita conyugal y, nuevamente, fue suspendida, porque está castigado debido a todo lo ocurrido el 11 de julio y la posterior huelga de hambre. Es terrible la situación, porque ellos esperan la jaba de alimentos que uno les lleva de la casa, porque allí los presos se están muriendo de hambre”, advirtió Rodríguez Sánchez.
García Caso fue sentenciado a 15 años de privación de libertad, tiene serias dificultades de salud y no recibe en la cárcel los medicamentos que necesita. “Les reclamé a ellos que, si no tenían medicinas, por qué no aceptan el que uno lleva”, significó su esposa.
En el caso de Lizandra Góngora Espinosa, madre de cinco niños, condenada a 14 años de prisión por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, está en espera de que la trasladen hacia otra provincia.
Ángel Delgado, compañero de vida de la manifestante, explicó que fue la segunda jefa del penal la que le dio la noticia del traslado y afirmó que “yo estoy cuidando tres menores en casa, y soy el único que la visita, por tanto, al trasladarla lejos, no tendré posibilidades para ir a las visitas”.
Góngora Espinosa también ha visto resquebrajarse su salud pues está aquejada de lesiones cutáneas para las que no recibe tratamiento. “Lizandra padece de esa enfermedad en la piel provocada por el estrés que ya le está afectando casi todo el cuerpo, y no me deja tomarle una foto con el teléfono para, con mis medios, llevársela a un especialista en dermatología”, dijo su esposo.
Recientemente la opositora cubana afirmó en un mensaje de audio enviado desde la prisión, que la larga condena en su contra demuestra el temor del régimen hacia los opositores en el país.
“Me condenaron a una sentencia de 14 años de privación de libertad y no voy a negar que estoy triste porque extraño a mis mambisitos, pero no me siento vencida y menos derrotada, me siento más fuerte y más lleno de odio contra estos terroristas”, expresó.
