El juez del Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, Marco Vallecillo, en su resolución de audiencia inicial, dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a la exsecretaria de Finanzas, Rocío Isabel Tábora, por el delito de fraude a título de cooperador necesario.
De igual forma, cumplirá la medida interpuesta y en mención en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara.
La encausada fue llevada este lunes a la audiencia inicial, se bajó del vehículo penitenciario a bordo de una silla de ruedas.
La semana anterior, fue evaluada en Medicina Forense del Ministerio Público donde llegó quebrantada en llanto ante la situación judicial por la que actualmente atraviesa.
El miércoles pasado fue capturada por parte de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en el punto fronterizo de Guasaule.
Tábora al igual que la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores Ferrufino, esta última prófuga de la justicia, son acusadas en el caso del delito de fraude en la millonaria compra fraudulenta de los hospitales móviles durante la pandemia del COVID-19 en el 2020.
Aparte de la exfuncionaria Flores Ferrufino, señalada también de falsificación de documentos y violación a los deberes de los funcionarios, se encuentran en calidad de prófugas la ex viceministra de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, Roxana Melania Rodríguez Alvarado, acusada por los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.
La funcionaria de Invest-H asignada al área de contrataciones y adquisiciones, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, quien es acusada por los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.
REVISIÓN DE MEDIDAS
La defensa de la exministra Tábora informó que solicitará revisar las medidas y que en este caso se aplique la retroactividad de la ley.
“Solicitaremos la aplicación de la retroactividad de la ley más favorable contemplada en el artículo 196 y en el nuevo Código Penal han desaparecido los conceptos de las diferentes autorías”, expresó la apoderada, Karla Romero.
Al mismo tiempo, afirmó que solicitarán la revisión de medidas de prisión preventiva ya que se acreditó que adolece de tres enfermedades.
“Por lo menos logramos que se acreditara que la exministra adolece de tres enfermedades desde hace mucho tiempo, que no es nada nuevo y que hoy su condición de salud es más drástica”, agregó.
El Ministerio Público presentó el caso Hospital Móviles II donde se pidió que se emitieran las respectivas órdenes de captura para siete de los señalados extendidas el 8 de noviembre de 2023 por el juez que conoce la causa, mismas con las que se autorizó y se le entregó a la ATIC y luego se extendieron a todas las dependencias de la Policía Nacional que tienen facultades dentro del país, por ello la Policía Militar del Orden Público, hizo efectiva la captura de Tábora.
De acuerdo a lo que está plasmado en la acusación, el Estado a través de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), pagó mil 174 millones 517 mil 764 lempiras para la compra de los hospitales móviles, proceso que se realizó al margen de la ley para beneficiar a la empresa contratante, de acuerdo a la argumentación del ente acusador del Estado.
En la acción penal presentada, se detalla que se giró orden a la Empresa Nacional Portuaria (ENP) para que traspasara 950 millones 22 lempiras a INVEST-H, ya que esta última no contaba con el presupuesto para pagar por esos hospitales y plantas de tratamiento.
La Fiscalía tal como fue argumentado en otro juicio sobre los mismos hechos, que se realizó una modificación del renglón presupuestario en las instituciones, ya que el dinero estaba destinado para “mejoras viales” y no para compra de hospitales, además se hizo efectivo el pago del 100 por ciento del valor sin requerir ninguna garantía.
El Tribunal en Materia de Corrupción en otra acusación evacuada logró que se condenara al extitular de INVEST-H Marco Antonio Bográn por la comisión a título de autor de fraude agravado, actualmente guarda prisión en la cárcel de Támara.
En esa misma causa, se condenó también a Alex Alberto Moraes Girón, por la comisión a título de autor del delito continuado de violación de los deberes de los funcionarios agravada por acciones ligadas a los mismos hechos que ahora se señalan en esta nueva acusación conocida nuevamente Hospitales Móviles en su segunda fase.
