El Salvador muestra hoy una imagen diferente ante el mundo. El país que alguna vez tuvo las cifras de criminalidad más altas de Centroamérica ahora se cuelga como una medalla en el pecho las reducidas cifras de homicidios, las más bajas de su historia, según dicen. Su presidente de mano dura, Nayib Bukele, se pavonea con gran popularidad, una de las más altas entre los mandatarios de la región, pero detrás de esto, analistas y observadores internacionales denuncian violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Cuando Bukele se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2023, dijo ante el mundo que su país, por primera vez en poco más de 200 años de historia, empezaba a dar sus primeros pasos hacia sus “sueños de grandeza”. Pasó en “muy poco tiempo”, dijo, “de ser literalmente el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina”.
Según datos oficiales publicados en enero de 2024, 2023 tuvo la cifra de homicidios más bajas en la historia de El Salvador —dice el Gobierno— cuando se registraron 154 homicidios, una tasa de 2,4 por cada 100.000 habitantes. El año anterior, en 2022, se contabilizaron 495 homicidios, o 7,8 por cada 100.000 habitantes.
Los datos sobre homicidios no pueden ser verificados de manera independiente con otras instituciones porque el Gobierno de El Salvador las ha declarado bajo reserva con el argumento de que divulgar más detalles pone en riesgo la seguridad nacional.
La percepción de inseguridad
La delincuencia era el principal problema de los salvadoreños a finales de 2019. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública mostraba que en diciembre de 2019, el 70,4% de los encuestados decía que la delincuencia era el gran problema de los salvadoreños. La cifra en diciembre de 2023 bajó a un 4,3%. El Gobierno atribuye esa reducción a su plan de seguridad y al régimen de excepción establecido en 2022.
No es algo que resulte extraño en un país cansado de la violencia de las pandillas: “La mayoría de los salvadoreños han aplaudido las severas medidas”, dice un reporte del International Crisis Group de 2022.
“La población tiene una percepción de seguridad muy grande, ¿verdad? Pero esto no corresponde al cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución que garantizan los derechos a la población salvadoreña”, dijo Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, un centro de pensamiento centroamericano que ha denunciado violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador
Un año después de que Bukele asumiera la presidencia, los críticos del Gobierno y varias organizaciones internacionales han manifestado preocupaciones por su modelo de seguridad, de mano dura, que sacrifica derechos fundamentales en pos de la seguridad pública.
“Una violencia se sustituye por otra”
Hay punto de inflexión en la historia reciente de El Salvador. El 27 de marzo de 2022 se registró el día más violento del Gobierno de Bukele. Ese día fueron asesinadas al menos 62 personas y, desde entonces, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó el decreto de régimen de excepción que faculta a las autoridades a suspender derechos como la libertad de reunión, el derecho a la defensa y la intervención de comunicaciones sin que sea autorizado por un juez.
“Suspender ciertos derechos se vuelve necesario para restituir el orden”, decía un decreto leído durante una sesión plenaria extraordinaria.
Amnistía Internacional denunció en un informe de diciembre de 2023 que el deterioro de los derechos humanos en ese país es “alarmante”.
“La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, señaló anteriormente a Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Una violencia se está sustituyendo por otra”, dijo Piquer , alegando que en un país donde la violencia y el terror anteriormente era ejecutado por pandillas, ahora se trasladó a manos del Estado.
“(Con) una política punitiva del Estado que está permeando todo, que se está volviendo permanente y no excepcional y que está generando vulnerabilidad para las mismas personas que antes sufrían la violencia de pandillas”, agregó Piquer.
También lo denunció Human Rights Watch en un informe de 99 páginas que publicó junto a Cristosal en diciembre de 2022. La organización documentó que desde que inició el estado de excepción en marzo de ese año, se llevaron a cabo “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en detención, así como sobre las circunstancias de las muertes bajo custodia”.
“Bukele le da a la población lo que aparentemente quiere: seguridad, pero a costa de procesar, detener, violar los derechos a miles de personas que probablemente son inocentes”, dijo Navas.
Desde el inicio del estado de excepción, al menos 75.000 personas han sido detenidas, según cifras oficiales de enero de 2024. A mediados de 2022, hasta el 2% de la población salvadoreña mayor de 18 años, unas 100.000 personas, estaba en prisión, según una evaluación de Amnistía Internacional basada en informes de medios de comunicación locales.
Las detenciones arbitrarias de más de 150 personas al día, según HRW, causaron alarma entre los activistas de derechos humanos, que afirman que la justificación de algunas detenciones es insuficiente.
“Los casos incluyen a personas que fueron detenidas arbitrariamente por su apariencia física, porque tenían un tatuaje, porque estaban en un barrio específico, a una hora específica”, declaró anteriormente la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk Broner.
“No hay claridad ni pruebas de que estas personas estuvieran realmente cometiendo un delito o implicadas en esta redada masiva. Esto plantea un enorme problema para la seguridad pública”.
Zaira Navas, de Cristosal, aseguró que este estado de excepción no solo ha permitido la captura de presuntos delincuentes, sino que también es una manera de hacer control social y evitar algún levantamiento.
“Con esto evita también la organización social. Este plan o esta guerra contra las pandillas que Bukele mantiene, tiene atrás el interés de generar control social y evitar cualquier protesta, cualquier levantamiento”, agregó Navas.
CNN se comunicó con la Presidencia de El Salvador y con la Policía Civil para obtener un comentario sobre estas acusaciones, pero no ha obtenido respuesta.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dijo que en El Salvador había un “patrón constante y sistemático” de violaciones a los derechos humanos, que incluían, entre otros, “desaparición forzada de corta duración”.
“Hay un lapso donde la familia no tienen idea donde están sus familiares, dónde se encuentran detenidos, si están detenidos y, lo peor, si continúan con vida”, dijo Santos en una entrevista a CNN en agosto pasado.
“Hay casos en los que sí se reconoce que la persona ha sido detenida; sin embargo, esta fallece dentro de las cárceles y es notificada no de forma oficial, sino lamentablemente a través de funerarias o de otra manera, lo que realmente es una afrenta y un sufrimiento muy grande para las familias, sobre todo cuando se trata de personas inocentes”, aseguró.
Bukele ha defendido su política de seguridad porque afirma que ha reducido los niveles de violencia. También ha criticado a los detractores de sus métodos al asegurar que resguardan los derechos de los delincuentes y no los de la población honrada.
La construcción de una megacárcel de seguridad conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo en marzo de 2023, con capacidad para 40.000 personas, acaparó las miradas de muchos en la región como un ejemplo a seguir, y dejó en firme la imagen de Bukele de líder de mano dura en la lucha contra la delincuencia y la restauración del orgullo por las fuerzas armadas del país.
La presentación de este megacentro carcelario llegó solo días después de que el Gobierno de Estados Unidos revelara una acusación condenatoria en la que detalló que el Gobierno de Bukele llegó a acuerdos secretos con la pandilla MS-13 para detener la violencia en el país.
Según fiscales estadounidenses, algunos miembros del Gobierno salvadoreño se enmascararon para entrar en secreto a las cárceles del país y mantuvieron conversaciones secretas con líderes de esa pandilla. También acusan —sin dar nombres específicos— a miembros del Gobierno de liberar a un miembro de la MS-13 reclamado en extradición por EE.UU., así como de otorgar penas de prisión más cortas y condiciones carcelarias más cómodas para la pandilla, una de las bandas criminales más sanguinarias del mundo. Todo esto a cambio de ayudar a cumplir al Gobierno su promesa electoral de reducir los asesinatos en el país.
Esto “benefició políticamente al Gobierno de El Salvador, al crear la percepción de que estaba reduciendo la tasa de homicidios”, alega la acusación de Estados Unidos.
Hasta el momento, la Presidencia ni la Policía han contestado las peticiones enviadas por CNN para comentar estas acusaciones.
Los datos oficiales muestran una caída en picada en la tasa de homicidios, que pasó de 106,3 por cada 100.000 habitantes en 2015, a 2,4 el año pasado. En 1994 El Salvador reportaba 134,78 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito.
