Empujada por la necesidad de cooperar en materia migratoria, la Administración de Joe Biden en Estados Unidos ha pasado de criticar las tendencias autoritarias del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a felicitarlo por su reelección en las elecciones del domingo.
Enormemente popular por su combate frontal a las pandillas, Bukele arrasó en los comicios del domingo y ejercerá otros cinco años como presidente a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe los mandatos presidenciales consecutivos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, felicitó a Bukele y le extendió la mano para trabajar juntos, al mismo tiempo que remarcó como prioridad la defensa de los derechos humanos y de las garantías judiciales.
Un cambio de tono
Aunque señaló el tema de los derechos humanos, su tono es diferente al que tuvo al principio la Administración de Biden, cuando denunciaba la “ruptura democrática” del Gobierno de Bukele en El Salvador por la destitución de jueces en 2021.
“La Administración de Biden empezó con una postura de mayor enfrentamiento a Bukele, pero no les funcionó”, cuenta a EFE Michael Shifter, experto en estudios latinoamericanos del centro de pensamiento Diálogo Interamericano.
Estados Unidos expresó varias veces en 2022 su preocupación por el recorte de libertades civiles derivado del estado de excepción que impulsó Bukele para conducir detenciones masivas de pandilleros pero que llevó a inocentes a la cárcel.
El mandatario salvadoreño subió entonces el tono y acusó a la Administración de Biden de respaldar a los pandilleros a diferencia del gobierno anterior del republicano Donald Trump (2017-2021), de quien dijo sí apoyó la seguridad de El Salvador.
Y cuando Bukele anunció su intención de buscar un segundo mandato, algo inconstitucional según juristas y defensores de derechos humanos, Estados Unidos le exigió que cumpliera con la Constitución.
Sin embargo, y ante la gran popularidad que acumuló el mandatario en su país, Estados Unidos comenzó a mediados del año pasado a dar “señales muy claras de que estaba girando hacia una postura de acomodación con Bukele”, apunta Shifter.
La canciller salvadoreña, Alexandra Hill, visitó a Blinken en agosto en Washington y el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, se reunió en octubre en San Salvador con Bukele.
Durante esa visita, Nichols matizó el tono sobre la constitucionalidad de la reelección de Bukele al asegurar que ese es un tema que debía quedar en manos de “la decisión de los salvadoreños”.
Contener la inmigración
Según Ricardo Valencia, profesor de Comunicación en la Universidad Estatal de California, este cambio de postura de Washington obedece a su objetivo de atajar la crisis migratoria en la región.
“La Administración de Biden dice estar preocupada por el Estado de derecho, pero cualquier preocupación es poca comparada con su deseo de impedir la migración”, cuenta a EFE.
La notoria mejora de la seguridad en El Salvador es, de hecho, un factor que ha influido a que menos personas abandonen el país: la llegada de salvadoreños a la frontera sur de Estados Unidos se redujo un 40 % en 2023 respecto al año anterior.
Además, la imposición de sanciones económicas al país centroamericano dañaría las condiciones de vida de la población y podría derivar en un repunte migratorio.
La situación económica ha desplazado ya a la delincuencia como la principal preocupación de los salvadoreños, ya que, según una de las últimas encuestas publicadas, el 32,8 % de la población considera la economía el mayor problema del país.
Shifter sostiene que, pese a la mejora de la seguridad, la cifra de salvadoreños que abandonan su país sigue siendo alta y afirma que “en Washington están preocupados porque la situación económica es un factor de expulsión”.
Por ello, cree que asuntos como las garantías judiciales o los derechos humanos se siguen discutiendo pero ahora de forma más discreta.
Preguntado por EFE, un portavoz del Departamento de Estado señaló que la reducción de la violencia se ha hecho “a costa de los derechos humanos”, por lo que “ahora es momento de centrarse en la construcción de instituciones judiciales”.
“Esto abordará eficazmente la violencia de las pandillas respetando al mismo tiempo los derechos humanos. El Salvador puede hacer ambas cosas”, dijo.
