Las defensoras en Latinoamérica: 12 personas que protegen los derechos de las mujeres y LGTBQ+

El 29 de febrero, el parlamento de Ghana aprobó por unanimidad un proyecto de ley que, si el presidente lo promulga, penalizará las relaciones LGBTQ+, así como el apoyo a los derechos LGBTQ+. Tan solo un día después, en un discurso ante los participantes en una conferencia del Vaticano, el papa Francisco denunció una “fea ideología de nuestros tiempos” que amenazaba a la humanidad. El pontífice de 87 años explicó exactamente lo que quería decir: “Hoy, el peligro más terrible es la ideología de género que anula las diferencias [entre hombres y mujeres]. Cancelar las diferencias significa cancelar la humanidad”.

“Ideología de género” es un término que ha llegado a encapsular todo, desde los derechos de las personas LGBTQ+ hasta los derechos reproductivos (como el acceso a servicios de aborto o anticonceptivos), la educación sexual en las escuelas y los intentos de abogar por la igualdad de derechos, representación y protección para mujeres y niñas. Y se utiliza cada vez más para fomentar el miedo, construir poder político y contrarrestar los avances logrados con tanto esfuerzo en materia de derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+.

Esta reacción global, a menudo conectada, amenaza no solo la agenda de desarrollo y la posibilidad de que las mujeres y las personas de género diverso en todo el mundo vivan sin discriminación ni intolerancia. También podría amenazar nuestras propias democracias, ya sean bien establecidas o incipientes.

Por eso, As Equals de CNN ha identificado y perfilado a 12 personas en Latinoamérica cuyas vidas y trabajos responden a los desafíos planteados por los movimientos antigénero. Su coraje y compromiso, a menudo ante un peligro personal, son inspiradores y necesarios.

Activistas

Son quienes están en el frente de batalla de la lucha por la protección de derechos y denuncian las desigualdades de género o la discriminación contra la comunidad LGBTQI+.

Bianka Rodríguez

Cuando tenía 15 años, la salvadoreña Bianka Rodríguez escapó de su hogar por violencia intrafamiliar. Sufrió bullying y trabajó en condiciones que rozaban la esclavitud hasta que encontró refugio en la organización Comcavis Trans.

Empezó como voluntaria y en poco tiempo se convirtió en la líder de esta organización que ayuda y protege a las personas LGBTQ+ en El Salvador, país que no cuenta con una ley de identidad de género. Por su lucha, en 2019, ganó el Premio Nansen Regional para las Américas de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

En 2020, presentó un recurso para que su identidad sea reconocida legalmente. Pese a no lograr el cambio de género, Rodríguez ha sido la primera mujer trans en modificar su nombre en el documento, y también la primera en votar en las elecciones de febrero de este año realizadas en su país. Actualmente, es directora ejecutiva de ILGA para América Latina y el Caribe.

Florencia Guimarães García

Florencia Guimarães García continúa con el legado de dos grandes referentes trans de Argentina: Lohana Berkins y Diana Sacayán. La primera, fallecida tras una larga enfermedad; la segunda, asesinada. En su memoria, Guimarães impulsó la creación de la Casa de Lohana y Diana, un espacio que ofrece acompañamiento y talleres a la comunidad travesti-trans.

También trabajó para lograr la aprobación de una ley de cupo laboral travesti-trans en la administración pública, dándole a miles de personas la posibilidad de obtener trabajo formal, así como acceso a una obra social y a una jubilación por primera vez en su vida. La ley, sancionada en 2021, lleva el nombre de Berkins y Sacayán.

Ante el avance actual de la derecha en el país, Guimarães reclama que las personas contratadas bajo esa ley no sean despedidas del Estado y que el Gobierno dé continuidad a las políticas públicas de género adoptadas por las gestiones anteriores.

Fernanda Falcão

Fernanda Falcão es una mujer negra transgénero brasileña que se ha destacado por su activismo por los derechos de las personas trans y contra la trata de mujeres cisgénero y transgénero con fines de explotación sexual. En 2022, tras sufrir dos intentos de asesinato, se exilió en España.

Ha sido una de las voces brasileñas más prominentes en denunciar los ataques de odio de los grupos “antiderechos” contra la comunidad LGBTQ+, que aumentaron significativamente durante la presidencia del ultraconservador Jair Bolsonaro (2019-2022).

Brasil es el país con el mayor número de personas trans asesinadas, con al menos 100 casos registrados entre octubre de 2022 y septiembre del año pasado, según datos del Grupo Gay de Bahía, citados por la Agencia Brasil. La cifra representa un tercio del total a nivel global. Sin embargo, gracias al activismo de figuras como Falcão, en las elecciones de 2022 fueron elegidas por primera vez tres diputadas trans.

Defensoras de ley

Son quienes usan la ley para proteger o ampliar los derechos de las mujeres y las personas de género diverso. También, quienes crean estrategias o fundaciones para conseguir cambios a nivel local, nacional e internacional en la política pública.

Paula Ávila Guillén

Especializada en derechos humanos, la abogada colombiana Paula Ávila Guillén trabaja desde hace 15 años para ampliar la “marea verde” -los movimientos promotores del derecho al aborto- en una región donde la mayoría de los países penaliza o restringe esa práctica.

Como directora ejecutiva del Women’s Equality Center contribuyó en las estrategias para la liberación de mujeres presas por sufrir una emergencia obstétrica en El Salvador y para despenalizar el aborto a través de la vía judicial en Colombia y México.

Tras la reversión del fallo Roe v. Wade, que garantizaba el derecho a la interrupción del embarazo en Estados Unidos a nivel federal, Ávila Guillén pidió a las activistas latinoamericanas que le enviaran los emblemáticos pañuelos verdes para distribuirlos en las primeras marchas  por esa causa que lideró en Los Ángeles, donde se encuentra radicada.

Sandra Mazo

Como católica, Sandra Mazo se encontró con la contradicción de que quienes seguían su misma religión no mostraban compasión por las mujeres obligadas a ser madres o forzadas a abortar en condiciones clandestinas.

Mazo decidió entonces comprometerse con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En 2004, se unió a la rama colombiana de Católicas por el Derecho a Decidir, una red presente en toda América Latina que aboga por un Estado laico.

Hoy preside dicha organización y es una de las caras visibles de Causa Justa, el movimiento que logró primero el reconocimiento del aborto por causales en Colombia y luego, en febrero de 2022, la despenalización total hasta la semana 24 de embarazo.

Católicas por el Derecho a Decidir, además, inició la campaña “Mujer, hágase tu voluntad” con el fin de contrarrestar la influencia de sectores conservadores para que mujeres creyentes no ejerzan su derecho al aborto.

Olimpia Coral Melo

Olimpia Coral Melo tenía 18 años cuando su expareja compartió un video íntimo suyo en redes sociales sin su consentimiento. Un vacío en el código penal de México le impidió tomar acciones legales y se encontró desprotegida, con miedo de salir a la calle. Hasta que comprendió que había sido víctima de violencia digital.

En 2014, creó la organización Mujeres contra la Violencia de Género en el estado de Puebla e impulsó un proyecto de ley para tipificar la violencia digital como un delito, con penas de hasta seis años de prisión.

La iniciativa, que ofrece amparo ante los crecientes ataques contra mujeres en internet, fue aprobada a finales de 2018. Desde entonces, la conducta ha sido tipificada en las 32 entidades federativas de México. En 2023, Argentina sancionó una ley similar, inspirada en el trabajo de Coral Melo.

Catalizadoras

Son quienes proporcionan información, educación o acceso a servicios y herramientas que pueden salvar vidas. Las catalizadoras gestionan los recursos para la lucha para la igualdad de las mujeres y las minorías de género.

Tarcila Rivera Zea

A los 10 años, Tarcila Rivera Zea comenzó a trabajar como empleada de limpieza en Lima, Perú. Venía de criarse en una comunidad quechua de Ayacucho, donde la resistencia se lleva en la sangre: sus ancestros se habían rebelado y expulsado a pedradas a los incas de su territorio.

Zea también se rebeló. Ante un sistema que solo ofrecía a las mujeres indígenas dedicarse al servicio doméstico, ella completó la secundaria y consiguió ingresar al Instituto Nacional de Cultura, en el que inició su activismo por los derechos de los pueblos originarios.

Más adelante, fundó el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas y el Foro Indígena del Abya Yala, desde donde lucha contra las violencias que sufren las comunidades indígenas, en especial, las mujeres, y reclama el derecho colectivo a la tierra en Perú y en toda América Latina.

Las organizaciones que encabeza Tarcila han cumplido un rol fundamental para frenar el avance de sectores “antiderechos” que niegan el cambio climático y su efecto particularmente negativo sobre las mujeres.

Anielle Franco

Nunca estuvo en los planes de Anielle Franco convertirse en un símbolo de la lucha antirracista en Brasil, ni dedicarse a la política. Sin embargo, el asesinato de su hermana, la activista negra y lesbiana Marielle, cambió su rumbo.

Criada en la Favela da Maré, en Río de Janeiro, Franco pasó de ser docente de inglés a amplificar la voz de las personas afrodescendientes, las mujeres, la comunidad LGBTQ+ y de los sectores marginados del país.

Desde el año pasado, es ministra de Igualdad Racial del gobierno de Lula da Silva. “Desde el 14 de marzo de 2018, día en que Marielle fue arrebatada de mi familia y de la sociedad brasileña, he dedicado cada minuto de mi vida a luchar por la Justicia, defender su memoria, multiplicar su legado y regar sus semillas”, dijo en su asunción.

Su trabajo busca hacer frente al avance de la “agenda antigénero” que creció en el país durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Se estima que cada 2,4 horas una mujer es asesinada en Brasil, y que dos de cada tres de las víctimas son negras, según el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada del Gobierno de Brasil.

Julieta Martínez

Cuando tenía ocho años, la activista chilena Julieta Martínez se dijo que quería cambiar el mundo, pero no encontró espacios que le dieran voz. A los 15, decidió fundar Tremendas, una plataforma colaborativa destinada a empoderar a niñas y adolescentes frente a la crisis climática y a la desigualdad de género.

Actualmente, la red reúne a niñas, jóvenes y adolescentes de cerca de una veintena de países de América Latina, el Caribe y otras regiones, que están comprometidas con participar en procesos de toma de decisiones y contribuir con soluciones concretas al calentamiento global y al acceso a la educación.

Con tan solo 20 años, Martínez ya ha sido invitada a compartir su experiencia en las conferencias COP25 y COP26, celebradas en Madrid y Glasgow respectivamente. También participó de un panel con Hillary Clinton en el Foro Generación Igualdad, realizado en París en 2021.

Lolita Chávez

Representante del pueblo maya-k’iche y líder ecofeminista de Guatemala, Lolita Chávez ha dedicado su vida a la protección de los recursos naturales y de la biodiversidad ante el avance de la actividad minera, hidroeléctrica y maderera.

Guardiana del territorio maya, también ha denunciado la violencia “machista, patriarcal e institucional” contra los pueblos originarios y ha organizado a más de 87 comunidades, que concentran a unas 90.000 personas, en contra del extractivismo.

Chávez mantiene su lucha desde el exilio. Tras sobrevivir a cinco intentos de asesinato, en 2017 se refugió en España y hoy, por su seguridad, vive oculta en distintas ciudades latinoamericanas.

Chávez ha llevado por toda la región su lucha contra el avance de los sectores de ultraderecha que –según su visión– históricamente han marginado y operado contra los derechos de la población indígena guatemalteca, en especial, a las mujeres, unas 4 millones en todo el país.

Teodora Vásquez

Teodora Vásquez es una de las 181 mujeres condenadas en El Salvador entre 2000 y 2019 por haber sufrido una emergencia obstétrica. Su beba murió cuando dio a luz en la escuela donde trabajaba, antes de que llegara una ambulancia. Del hospital, Vásquez fue llevada directamente a prisión. Fue acusada de homicidio agravado y sentenciada a 30 años de cárcel.

En 2018, después de cumplir diez años de condena y gracias a una campaña internacional, Vásquez fue liberada. Pero se encontró con que no tenía donde ir y tampoco conseguía trabajo. Decidió entonces crear Mujeres Libres, una organización que ofrece ayuda médica y capacitación laboral a mujeres que fueron encarceladas por abortar o por sufrir emergencia obstétrica. También les brinda un refugio –la Casa del Encuentro en San Salvador– y aboga por la despenalización del aborto. El país es uno de los pocos donde detener un embarazo está completamente prohibido, y el Gobierno actual se ha alineado con los sectores “antigénero” al aclarar que no habrá cambios en la legislación.

Leslie Collao

Leslie Collao buscaba un espacio que permitiera la promoción de la igualdad de género y el liderazgo juvenil cuando escuchó sobre la iniciativa Girl Up de Naciones Unidas. Decidió crear su propio capítulo en Perú, la Coalición Kusisqa Girl Up.

Kusisqa existe desde 2020 y ha desarrollado programas dirigidos a personas de entre 15 y 29 años con foco en la salud, la educación, la sensibilización en género y rol activo de la mujer en la política.

En Perú, donde el número de partos en niñas menores de 15 años ha aumentado en los últimos cuatro años, el Congreso aprobó en 2022 una reforma que relegó la perspectiva de género y la educación sexual integral del currículo escolar. Ese mismo año, Kusisqa desarrolló con apoyo de Amnistía Internacional el programa “Poder ESI”, con el que ofreció capacitación e información sobre los derechos sexuales y reproductivos en todo el país.