Estados Unidos impuso este jueves sanciones económicas a la fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales, a quien acusa de ser “cómplice” de la represión acometida por el presidente del país centroamericano, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo.
El Departamento del Tesoro bloqueó las cuentas y activos de Morales en Estados Unidos y prohibió hacer transacciones con ella porque “es un actor clave en la injusta persecución del régimen nicaragüense contra los presos políticos y la sociedad civil”.
Morales ya fue incluida el año pasado en la llamada Lista Engel, con la que el Departamento de Estado señala a actores corruptos de Centroamérica, lo que le prohíbe entrar a territorio estadounidense.
“La fiscal general de Nicaragua, en coordinación con el régimen de Ortega y Murillo, ha usado su cargo para facilitar una campaña de represión contra la disidencia confiscando propiedades de opositores políticos del Gobierno sin base legal”, denunció en un comunicado el subsecretario del Tesoro Brian Nelson.
Según la Administración de Joe Biden, la fiscal ha demostrado ser leal a Ortega y tiene un “gran poder” para determinar quién recibe las propiedades e inmuebles confiscados a presos políticos, organizaciones internacionales y medios de comunicación.
De hecho, Morales habría participado en el despojo de las propiedades de los 222 presos políticos que fueron excarcelados el año pasado y desterrados a Estados Unidos.
“Fue clave para formular la estrategia para designar a los miembros de la oposición nicaragüense como terroristas y bloquear sus recursos financieros utilizando una ley antiterrorista existente”, apuntó el Tesoro.
EE.UU. también considera que el nombramiento de Morales como fiscal general en 2019 fue ilegal dado que incumplió con el requerimiento de haber ejercido la abogacía durante los diez años anteriores al nombramiento.
