Miles de hondureños se vieron obligados a huir del país en 2023 a causa de los altos índices de violencia, impunidad, desigualdad y pobreza, cuyas consecuencias se vieron agravadas por el cambio climático, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) de ese año, publicado este martes.
“Al concluir el año, el estado de excepción que permitía la militarización y la restricción de derechos en más de la mitad de los municipios del país llevaba vigente más de 12 meses”, y “el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró más de 360 denuncias contra las fuerzas de seguridad y cuestionó la necesidad y proporcionalidad de esa dilatada medida”, añade el informe.
AI señaló además que tras varias semanas de estancamiento, el Congreso Nacional nombró en noviembre un fiscal general interino, lo que fue objeto de muchas críticas, y que el proceso de establecer una comisión internacional contra la impunidad -con apoyo de las Naciones Unidas- estaba en marcha, pero seguía pendiente al concluir el año.
La llegada al país de una misión contra la corrupción y la impunidad es una promesa de campaña de la presidenta del país, Xiomara Castro, y según fuentes oficiales, la gestión sigue en proceso con las Naciones Unidas.
El informe añade que en junio de 2023 el Gobierno desplegó a la Policía Militar del Orden Público para que controlara las prisiones después de un enfrentamiento que se había saldado con la muerte de 46 reclusas en una prisión de mujeres, cercana a Tegucigalpa.
También destaca que, según Global Witness, Honduras presentaba -en relación con su población- la cifra más alta del mundo de personas defensoras de los derechos ambientales y de la tierra asesinadas, y que la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Miriam Miranda) sufrió una tentativa de atentado en septiembre, y tres personas de la comunidad de Guapinol fueron asesinadas.
AI recordó que en diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró al Estado hondureño responsable de la violación de los derechos colectivos de una comunidad garífuna (negra).
Además, la elaboración de un protocolo para investigar los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018, seguía pendiente. Al concluir el año, Honduras no había firmado el Acuerdo de Escazú.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, AI indicó que, en marzo, el gobierno autorizó el uso y la venta de la píldora anticonceptiva de emergencia y puso fin a 14 años de prohibición, y que pese a los altos niveles de embarazos infantiles y adolescentes, la presidenta hondureña vetó la ley sobre prevención del embarazo, orientada a proporcionar educación sexual integral.
El aborto continuó estando prohibido en todas las circunstancias en el país centroamericano.
El informe resalta además que las personas LGBTI seguían sufriendo violencia y discriminación, y el matrimonio entre personas del mismo sexo continuó estando prohibido.
Al concluir el año, las autoridades no habían adoptado un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de las personas no binarias, ordenado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
