Public Works LLC, la consultora estadounidense contratada por el gobierno de UPM para redactar la primera política de vivienda de las Islas Caimán, ha comenzado a trabajar en ese documento, según funcionarios del ministerio. Desde que ganaron el contrato por valor de CI$276.750 en octubre pasado, los consultores llevaron a cabo una consulta pública, incluida una encuesta en línea, y se reunieron con partes interesadas y grupos focales. Según el Ministerio de Planificación, Agricultura, Vivienda, Infraestructura, Transporte y Desarrollo (PAHITD), se tendrán en cuenta los comentarios recopilados durante los últimos cinco meses.
Una vez redactada la política, se presentará al Gabinete para su revisión. Luego, los consultores realizarán una presentación pública de la política y el plan finales.
Los intentos del gobierno por resolver la importante crisis de vivienda en las Islas Caimán comenzaron durante la administración del PACT después de que se estableciera un grupo de trabajo interministerial para examinar los problemas y proponer soluciones. Hasta ahora se ha hecho muy poco para abordar los innumerables problemas que está causando la escasez de propiedades asequibles.
Durante la última década, el desarrollo en Gran Caimán se ha centrado casi exclusivamente en alojamiento de lujo de alta gama, en gran medida para atraer al negocio del turismo de lujo o a personas adineradas que desean utilizar propiedades aquí para depositar su dinero. Esto no sólo ha sido perjudicial para el medio ambiente, sino que también ha dejado a muchos residentes locales fuera del mercado inmobiliario.
Al mismo tiempo, muchos propietarios locales han retirado sus unidades de alquiler del mercado interno a largo plazo y se han pasado al negocio más lucrativo de alquilar a visitantes a través de plataformas como Airbnb, lo que ha provocado una caída masiva de alojamientos de alquiler a largo plazo disponibles y ha empujado a los precios hasta niveles sin precedentes.
Esto ha sucedido justo cuando la población alcanza niveles históricos, impulsada en gran medida por trabajadores expatriados mal pagados con permisos que se ven obligados a vivir en habitaciones y dormitorios hacinados y superpoblados donde los trabajadores incluso comparten camas en condiciones dickensianas.
El grupo de trabajo del gobierno elaboró un informe que fue aprobado por el Gabinete pero que nunca se hizo público. Se presentó una solicitud de libertad de información el 26 de marzo y todavía estamos esperando saber si el documento solicitado se publicará, ya que la Oficina del Gabinete, que lo posee, solicitó una extensión de 30 días. Este plazo de prórroga expiró hace tres semanas.
Queda por ver si las conclusiones de ese informe están influyendo o no en esta política propuesta. Pero cuando faltan alrededor de nueve meses para que se prorrogue el parlamento para allanar el camino para la campaña electoral general, es poco probable que el pueblo de Caimán vea algún movimiento significativo para abordar la crisis antes de esa votación nacional.
