El Supremo Tribunal de Brasil despenaliza el consumo de marihuana y define cantidad para diferenciar entre usuario y traficante
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) despenalizó la posesión de marihuana para consumo personal y estableció la cantidad máxima de cannabis que una persona podrá portar para ser considerada usuario y no traficante, informó el órgano judicial en un comunicado.
Una mayoría de ministros se pronunció el martes a favor de despenalizar la posesión de marihuana para consumo personal, para que esta conducta sea sancionada como una falta administrativa y no penal. Lo que el STF tenía pendiente y definió el miércoles era la serie de criterios para que las autoridades diferencien entre consumidor y traficantes.
El máximo órgano judicial de Brasil resolvió que 40 gramos de marihuana será la cantidad máxima que una persona podrá adquirir, almacenar, depositar o transportar para ser considerada consumidor.
La decisión agrega que habrá medidas administrativas: una advertencia sobre los efectos de la marihuana y la obligación de acudir a un programa o curso en la materia. En contraste, no tendrá antecedentes penales.
El STF también resolvió que la Policía podrá detener a una persona con 40 gramos de marihuana o incluso menos si observa elementos que la hagan sospechar que es un traficante; por ejemplo, que tenga envases, variedad de sustancias, una balanza para pesar o registros comerciales.
De acuerdo con la resolución, la Policía deberá “justificar exhaustivamente” sus motivos para descartar la presunción de que una persona tenga marihuana solo para su consumo. En otro escenario, alguien que sea encontrado con más de 40 gramos de cannabis podría evitar ser sancionado por la vía penal si aporta pruebas de que únicamente es consumidor.
El STF subrayó que desalienta el consumo de drogas y que su decisión no implica una legalización, sino un ajuste de criterios que busca mejorar el combate al narcotráfico y la atención de las personas con adicciones.
Luís Roberto Barroso, ministro presidente del STF, dijo durante la sesión del miércoles: “Estamos debatiendo cuál es la mejor manera de abordar este problema y minimizar sus consecuencias para la sociedad. Y descubrimos que el hecho de no fijar una cantidad distintiva ha sido una mala política pública”.
