Ante la presión ciudadana en las calles, donde miles se manifestaban el miércoles, el Congreso colombiano votó en contra de una reforma a la salud dando un nuevo triunfo a las manifestaciones que superan los 20 días continuos y en las que se han registrado decenas de muertos y más de 900 civiles heridos.
“La lucha de nuestro pueblo en las calles en contra de años y años de injusticia, acaban de lograr el archivo de la reforma que destruía la salud como un derecho y lo mercantilizaba aún más en favor de unos pocos”, escribió en Twitter el senador de izquierda Alexander López.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, defendía la reforma argumentando que ésta le daría herramientas al sistema para atender emergencias sanitarias como la de COVID-19, que se encuentra en su etapa más álgida en el país, con más de tres millones de contagios acumulados y 82,000 muertes.
El proyecto proponía introducir la figura del médico familiar y orientar el modelo hacia la prevención de las enfermedades. También fortalecía la intermediación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) -son privadas y actualmente administran los recursos y contratan su prestación- tras una depuración bajo las reglas del gobierno en la que quedarían las de mayor capacidad y se liquidarían las demás. Los críticos del proyecto advertían que se crearían monopolios.
Además, permitía en algunos casos la fusión de esas empresas prestadoras de salud privadas con hospitales públicos a cargo de las alcaldías y gobernaciones, muchos de ellos en déficit por las deudas que tienen con ellos las EPS y el Estado.
El mismo miércoles, la calificadora Standard & Poor’s redujo la calificación crediticia de Colombia después del rechazo de la reforma fiscal, cuya presentación fue el origen de las protestas que iniciaron desde el 28 de abril y derivó en la renuncia del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien advertía que era necesaria para la estabilidad financiera del país.
Con banderas de Colombia y demostraciones artísticas iniciaron las protestas en Bogotá cuando la gente en las calles se dirigía a la icónica Plaza de Bolívar, donde se encuentra el Congreso y el Palacio de Justicia. “Por la vida y la paz paren la masacre”, decía uno de los carteles exhibidos a un costado del lugar.
En otras ciudades principales del país como Medellín, Cali, Villavicencio, Bucaramanga y Cúcuta, cientos se manifestaban pacíficamente al inicio de la jornada, sin embargo, más tarde se registraron algunos disturbios y saqueos. La situación más compleja se presentó en Buenaventura, al oeste del país, en donde se investiga al menos una muerte y se decretó un toque de queda de 12 horas.
Las razones del descontento social se concentran en el cese de la violencia, el desmonte de la policía antimotines y la caída de la reforma a la salud.
“Hoy la juventud, los universitarios, todos en conjunto, estamos en las calles exigiendo un cambio de modelo de país, que proteja la industria nacional para que haya empleo para la juventud”, dijo a The Associated Press Hami Gómez, líder estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch advierten que la cifra de personas fallecidas desde que comenzaron las protestas asciende a 55 y que en al menos 15 casos los presuntos responsables serían miembros de la Policía. Esto contrasta con las cifras oficiales, el Ministerio de Defensa informó el miércoles que 15 civiles fallecieron en el marco de las protestas y 11 casos más están en verificación, mientras que se registran 979 civiles y 966 policías heridos.
El lunes la tensión se elevó cuando el presidente Iván Duque ordenó el máximo despliegue de la fuerza pública para desbloquear las vías taponadas por los manifestantes en decenas de carreteras del país, en las que se impide el transporte de insumos médicos, alimentos y gasolina y han causado desabastecimiento en algunas zonas.
El gobierno y los promotores de las protestas agrupados en el Comité del Paro Nacional no se han sentado formalmente a negociar tras varias reuniones entre las partes. El gobierno pide el desbloqueo de las vías, mientras que los protestantes exigen garantías para manifestarse en las calles y la desmilitarización de las ciudades donde hace presencia el Ejército.
“Sí existe un tratamiento de guerra desproporcional de la fuerza pública contra las manifestaciones, que esto claramente se sale de todos los protocolos de derechos humanos que existen en el mundo y es bastante grave porque es un gobierno que se jacta diciendo que supuestamente democrático”, aseguró Gómez.
Ante la preocupación de la comunidad internacional sobre la situación en Colombia, el fiscal Francisco Barbosa se reunió el miércoles con representantes de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y algunos embajadores europeos para rendir un informe sobre el avance en las investigaciones, que incluyen la priorización con enfoque de género del caso de una mujer menor de edad que murió al suroeste del país tras denunciar un presunto abuso sexual por parte de la fuerza pública.
“El secretario ha manifestado que los bloqueos (viales) no pueden continuar, cualquier situación de violencia policial debe ser investigada, el fiscal nos ha informado de primera mano de dichas investigaciones que se están realizando”, dijo Héctor Schamis, delegado del secretario general de la OEA, en una declaración oficial junto al fiscal colombiano.
En el plano económico, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que el país sigue y “seguirá teniendo financiación”, pese a que la calificadora S&P bajó la calificación del país un escalón de BBB- a BB+ ante el fracaso de la reforma tributaria y la baja posibilidad que tiene el gobierno de presentar una nueva reforma fiscal en medio de las protestas e iniciar su estabilidad fiscal tras la pandemia.
