El proyecto de infraestructura busca conectar al país con los flujos de producción y comercio mundiales y promover el desarrollo de su economía para combatir la pobreza y la desigualdad social.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es el proyecto de infraestructura con mayor relevancia geopolítica del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Una obra que busca sacar provecho de la ventaja geoestratégica de México: sus salidas a los océanos Atlántico y Pacífico. Un tren con una longitud de vía de 303 kilómetros que servirá de conexión para el comercio entre los países de Asia-Pacífico y la costa este de EE.UU., a través de los puertos de Coatzacoalcos (Veracruz) y Salina Cruz (Oaxaca).
México alista su propia versión de la ‘Ruta de la Seda’, un ambicioso plan de integración de la región Sur Sureste con dos objetivos clave, por un lado, conectar al país con los flujos de producción y comercio mundiales y, por otro lado, promover el desarrollo de su economía para combatir la pobreza y la desigualdad social.
A diferencia de otros megaproyectos como el Canal de Panamá, que se limitan a servir de tránsito de mercancías, los planes del Gobierno de México para el Istmo de Tehuantepec incluyen la puesta en operación de ‘polos de desarrollo’ en la región, espacios que albergarán decenas de empresas nacionales y extranjeras.
Por su carácter estratégico, sin embargo, el control y supervisión de la vía férrea estará a cargo del Estado. Será la Secretaría de Marina la que administre el ferrocarril en el Istmo. Para evitar “conflictos entre potencias”, el presidente López Obrador rechazó desde un principio la inversión extranjera en las obras de modernización y rehabilitación de las vías.
Las vías de este tren se inauguraron durante la primera década del siglo XX, bajo el Gobierno de Porfirio Díaz. La puesta en marcha del Canal de Panamá en 1914, sin embargo, terminó por socavar la relevancia de la obra.
El lema del ‘Porfiriato’ era “paz, orden y progreso”, un Gobierno que, si bien logró el auge de sectores clave de la economía, profundizó las tensiones sociales.
Ahora, bajo la denominada ‘Cuarta Transformación’, el presidente AMLO promete “progreso con justicia” para el Istmo. Industrialización con inclusión social, asegura el Gobierno de México, es la esencia del megaproyecto.
Desarrollo industrial con inclusión social, la promesa de la 4T
El Corredor Interoceánico busca convertirse en un catalizador del desarrollo económico de la región del Istmo de Tehuantepec. No se trata solamente de transportar mercancías y pasajeros, sino de generar capacidades productivas.
Así, la versión mexicana de la ‘Ruta de la Seda’ se sustenta en dos ejes. El primero, un ‘corredor logístico’, que incluye la modernización y rehabilitación de las vías del ferrocarril, la carretera y los dos puertos. Los ‘polos de desarrollo’ constituyen el segundo eje del plan: el ‘principal motor’ para atracción de inversión.
El desafío de abatir la pobreza y la desigualdad social no es menor. Se calcula que por lo menos 380.854 personas viven en extrema pobreza en la región del Istmo de Tehuantepec
En opinión de Rafael Marín Mollinedo, responsable de la administración y construcción del megaproyecto, los 10 ‘polos de desarrollo’ serán la “cereza del pastel”, el instrumento capaz de detonar el crecimiento de la economía regional y ofrecer cientos de miles de empleos a la población, con lo cual, habrá una mejora de sus condiciones de vida.
Actualmente la mayoría de las actividades productivas está concentrada en los territorios cercanos a los dos puertos que conectan los océanos Atlántico y Pacífico: Coatzacoalcos (Veracruz) y Salina Cruz (Oaxaca).
Por lo tanto, el objetivo del Gobierno de México es conseguir el arribo masivo de empresas a lo largo y ancho de toda la región y que se instalen en los denominados ‘polos de desarrollo’, que estarán localizados en los siguientes municipios:
- Coatzacoalcos (contará con 2 polos de desarrollo)
- Texistepec
- Sayula de Alemán
- El Barrio de la Soledad
- Ciudad Ixtepec
- Santa María Mixtequilla
- San Blas Atempa
- Asunción Ixtaltepec
- Salina Cruz
Se tiene proyectada la participación de una amplia diversidad de empresas privadas. Destacan los sectores de la agroindustria, alimentos, metales, madera, plástico y hule, textil, petroquímico, maquinaria y equipo, y servicios de transporte, entre otros.
Cabe precisar que, de acuerdo con el Gobierno de López Obrador, la meta no es solamente fomentar la participación de grandes conglomerados industriales, sino fortalecer las capacidades productivas de pequeñas y medianas empresas (pymes), así como apoyar a los distintos emprendimientos de las comunidades respetando sus formas de organización.
La puesta en marcha de los denominados ‘polos de desarrollo’, asegura Marín Mollinedo, hará aumentar la demanda de una gran variedad de mercancías en el corto plazo, tanto de materias primas (‘commodities’) como de productos terminados. Gracias a ello, sostiene, “los beneficios serán distribuidos de forma equitativa”.
El desafío de abatir la pobreza y la desigualdad social no es menor. De acuerdo con las mediciones de pobreza publicadas por el CONEVAL en 2015, se calcula que por lo menos 380.854 personas viven en extrema pobreza en la región del Istmo de Tehuantepec.
En el Istmo Oaxaqueño sobresalen los casos de los municipios de San Mateo del Mar y Guevea de Humboldt, con tasas de extrema pobreza de 63,9 y 56,5% respectivamente. Mientras que en el Istmo Veracruzano resaltan los municipios de Mecayapan (54,4%) y Soteapan (51,1%).
Un 46% de la población del Istmo carece de infraestructura básica en su vivienda y servicios básicos. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda publicado el año pasado por el INEGI, apenas un 38,5% de las familias cuenta con suministro de agua potable de la red pública y un 10% no tiene drenaje.
Para los movimientos en defensa del territorio uno de los principales riesgos es la falta de consenso social, situación que podría incrementar las tensiones en una región asediada también por la delincuencia y el crimen organizado.
Con vistas a revertir la falta de infraestructura, en 2020 se invirtieron más de 13.600 millones de pesos (uno 680 millones de dólares) en los rubros de transporte, logística, energía, hidrocarburos y telecomunicaciones. De hecho, el Gobierno tiene contemplada la instalación de una red de banda ancha en toda la región, además de una red de fibra óptica a lo largo de la vía férrea.
Los mayores beneficios se tienen previstos para el largo plazo. Para el año 2050 los impactos del Corredor Interoceánico serán un aporte de un 1,6% adicional al Producto Interno Bruto (PIB), un incremento de un 240% en el PIB per cápita de los habitantes del Istmo, 50.000 millones de dólares en inversiones y 550.000 empleos directos e indirectos, según el plan maestro elaborado por Surbana Jurong.
Movimientos en defensa del territorio advierten, sin embargo, que antes de continuar con el megaproyecto, el Gobierno de López Obrador debe responder los cuestionamientos de los habitantes de la región sobre su viabilidad, de lo contrario, sentencian, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec corre el riesgo de avivar las tensiones sociales.
Falta de consenso social y disponibilidad de recursos, los riesgos
Para los movimientos en defensa del territorio uno de los principales riesgos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es la falta de consenso social, situación que podría incrementar las tensiones en una región no únicamente sumida en la pobreza, sino asediada por la delincuencia y el crimen organizado.
En una entrevista, Mario Castillo Quintero, miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), asegura que el Gobierno de López Obrador está “empecinado” en desplegar el Corredor “a toda costa”.
Varias de las problemáticas históricas de la región, recuerda, continúan sin resolverse bajo el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’. Entre ellas, numerosos conflictos agrarios, así como la prestación de servicios básicos como los suministros de agua y energía eléctrica.
Si bien varios de estos problemas son responsabilidad también de los Gobiernos municipales, estatales y otros poderes de la Unión, Castillo Quintero lamenta que el Gobierno federal esté enfocado en impulsar un megaproyecto “supuestamente a favor de la gente”, sin atender primero “las necesidades más apremiantes” de las comunidades que viven en la región.
Comenta que el Gobierno de México “no ha brindado información suficiente” sobre la obra, especialmente en cuanto a las afectaciones al medio ambiente. En este sentido, el otro factor de riesgo, explica, es el agotamiento de los recursos naturales.
Tan pronto los ‘polos de desarrollo’ entren en funcionamiento, asegura, existe el riesgo de que la población local enfrente, por ejemplo, mayores problemas de acceso al agua.
“En este momento en el Istmo hay varias comunidades en pie de lucha, entre ellas, las que viven en Santa María Jalapa del Marqués y Santa María Mixtequilla, que se sienten amenazadas por la instalación de parques industriales y su consumo masivo de agua”.
“Los pueblos saben cómo vivir, lo han demostrado a lo largo de la historia, ellos son quienes han resguardado los bienes naturales. Lo único que exigen es respeto a sus formas de organización y territorios. En el Istmo de Tehuantepec se requieren soluciones colectivas, no mercantiles”, concluye el activista.
