Bolivia: los motivos por los que ya fueron detenidos 17 militares, policías y civiles por el Golpe de Estado y las masacres en Sacaba y Senkata
Las causas comenzaron a avanzar cuando el país recuperó la democracia con la asunción del presidente Luis Arce.
La Justicia boliviana aceleró las detenciones de los principales implicados en el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales y las masacres de las ciudades de Sacaba y Senkata ocurridas en noviembre de 2019 y por las que hasta ahora ya fueron capturados 13 militares, un expolicía y tres civiles encabezados por la expresidenta de facto Jeanine Áñez, aunque se prevé que en las próximas semanas seguirán los arrestos.
Solamente en los últimos seis días fueron aprehendidos el excomandante del Ejército, Iván Inchauste; el exjefe del Estado Mayor Pablo Arturo Guerra Camacho; el excomandante general de la Armada, Orlando Mejía; el excoronel del Ejército, Luis Alberto Pacheco y el exmiembro de un grupo de élite de las Fuerzas Armadas, Franz Vargas.
Las detenciones comenzaron el 11 de noviembre del año pasado, apenas tres días después de que la asunción de Luis Arce como presidente democráticamente electo pusiera fin al régimen de Áñez.
Ese día fue capturado el excomandante de la guarnición militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar. Después vinieron los arrestos del militar retirado Luis Fernando Valverde; el excomandante de la División Mecanizada del Ejército, Franko Suárez; el excoronel del Ejército, Julio César Tamayo; el exjefe del Estado Mayor, Flavio Arce San Martín, y los excomandantes Jorge Pastor Mendieta, Jorge Gonzalo Terceros y Gonzalo Jarjuri.
A estos 13 militares se les suma el excomandante de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita, mientras que en la lista de imputados civiles, además de Áñez, están sus exministros de Energía, Rodrigo Guzmán, y Justicia, Álvaro Coimbra, exministro de Justicia.
La expresidenta de facto, sus dos exministros y cuatro militares de alto rango están acusados de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, mientras que otros nueve imputados enfrentan cargos por homicidios y lesiones: cinco de ellos por la masacre de Senkata y cuatro por la de Sacaba.
El coronel Luis Alberto Pacheco, en tanto, tiene que rendir cuentas por una muerte ocurrida durante una represión en la ciudad de Betanzos. En todos los casos, se trata de causas por violaciones a los derechos humanos.
¿Qué pasó?
La violencia política que padeció Bolivia a fines de 2019, después de las elecciones presidenciales de octubre, tuvo uno de sus puntos culminantes el 10 de noviembre, cuando Morales fue forzado a renunciar ante el acoso y las amenazas de militares y fuerzas de Seguridad.
Un par de días más tarde, Áñez se autoproclamó como presidenta, lo que detonó violentos ataques a la protesta social en todo el país, en particular en contra de los militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que realizaban marchas multitudinarias para denunciar y repudiar el golpe.
Una de las represiones más graves ocurrió el 15 de noviembre en Sacaba, una ciudad ubicada en el departamento de Cochabamba, en donde fueron asesinados Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas.
Cuatro días más tarde se llevó a cabo la masacre de Senkata, una localidad de El Alto, en la que murieron Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar.
En un informe preeliminar publicado en diciembre de 2019, la CIDH denunció que, de acuerdo con los testimonios obtenidos, en ambos casos policías y militares dispararon con armas de fuego a los manifestantes desarmados, además de que los rociaron con gases lacrimógenos y también los golpearon y torturaron.
A la espera del informe
Las masacres de Sacaba y Senkata dejaron un saldo conjunto de por lo menos 18 muertos y cientos de heridos, pero la propia CIDH reconoció en ese momento que había fuertes sospechas de que la lista de víctimas en realidad fuera mayor.
A nivel nacional, reportó que, en total, en las protestas realizadas en esos días habían sido asesinadas 37 personas.
Las investigaciones sobre estos hechos tomaron un sorpresivo rumbo a principios de julio, cuando el Gobierno boliviano denunció que el expresidente Mauricio Macri había apoyado con armamento a Áñez. Una de las principales líneas de investigación es que el material se usó en las represiones.
En 2019, la CIDH recomendó la conformación de un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), para que investigara las denuncias. Este equipo se constituyó en noviembre, con Arce ya como presidente, y el sábado pasado entregó sus conclusiones al Gobierno, el cual las hará públicas a principios de agosto.
La expectativa es que el documento de la CIDH demuestre que se cometieron violaciones a los derechos humanos y que se ayude a iniciar un proceso de reparación hacia las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, a partir de los juicios y condenas en contra de los responsables.
