El Gobierno de Cuba lanza una ofensiva contra la protesta convocada para exigir un cambio

El clima político en Cuba se enrarece y calienta cada día más en vísperas de la llamada Marcha cívica por el cambio, prevista para el 15 de noviembre en varias ciudades de la isla. A medida que se acerca la fecha, convocada por la plataforma digital opositora Archipiélago y prohibida por el Gobierno tras considerarla una “provocación desestabilizadora”, la confrontación se agudiza y la polarización social crece hasta niveles nunca vistos. Jamás una iniciativa disidente había generado tal ruido popular — en la calle, en las casas y en las redes sociales hoy es uno de los temas principales a debate—, lo que ha provocado la reacción frontal del Ejecutivo: en la última semana, los principales dirigentes del país y los medios oficiales han dedicado horas al asunto, desacreditando la marcha y vinculándola a los “planes subversivos de EE UU”.

Al principio, autoridades y opositores midieron fuerzas en una especie de juego del ratón y el gato. Al anuncio de la marcha el 20 de noviembre en diferentes ciudades del país, el Gobierno respondió convocando para ese mismo día unas maniobras militares nacionales, a lo cual los organizadores reaccionaron cambiando la fecha al 15-N. Después llegó la respuesta oficial de declarar ilegales las manifestaciones y la advertencia de la Fiscalía a sus promotores de que serían juzgados si violaban la ley, a lo que Archipiélago respondió manteniendo la convocatoria. En este pulso, inédito en Cuba, la tensión crece a medida que pasan las horas y el enfrentamiento ya es a cara de perro.

Los principales organizadores de la protesta denuncian una campaña de presiones sin precedentes, con actos de repudio, ofensivas mediáticas de descrédito, arrestos arbitrarios, intimidaciones a las familias, despidos laborales, condenas ejemplarizantes a los detenidos durante las protestas del 11 de julio y amenazas de que si ese día salen a la calle serán sancionados severamente por diversos delitos —incluido el de sedición, que puede conllevar penas de 20 años de cárcel—. Para denunciar posibles actos de represión contra quienes hayan expresado su apoyo a la marcha, Archipiélago ha creado una comisión independiente de apoyo a los manifestantes del 15-N, integrada por juristas, que ya ha recogido decenas de denuncias.

Las autoridades reiteran que todo es parte de una maniobra orquestada desde Washington, arreciando sus acusaciones contra la principal cabeza de Archipiélago, el dramaturgo Yunior García. El lunes incluso destaparon a un agente de la seguridad infiltrado en la disidencia, que aseguró que García es un “líder creado por manuales” y preparado por EE UU con el propósito de provocar un enfrentamiento civil en Cuba.

La acusación del llamado agente Fernando, en realidad el médico Carlos Leonardo Vázquez González, fue realizada en el espacio televisivo oficial Razones de Cuba, que en su arremetida contra Yunior García lo comparó con el disidente checo — y luego expresidente de ese país—, Vaclav Havel. García fue acusado por el agente de participar en 2019 en un taller organizado en España por la universidad estadounidense de Saint Louis, sobre “el papel de las fuerzas armadas en una transición”, al que asistió el expresidente español Felipe González. La televisión oficial acusó al exmandatario de ser el creador de los “Grupos Antiterroristas de Liberación responsables de secuestros, torturas y asesinatos”.

Según Vázquez, el líder de Archipiélago “está convocando a una marcha que dice que es pacífica”. “Pero él sabe que no es pacífica, porque en el taller paramilitar donde participamos estaban dos generales”, añadió. “Lo que está buscando es el enfrentamiento de las fuerzas armadas con el pueblo, y eso no lo permitiremos”, dijo el espía en el vídeo exhibido, que también vincula a García con figuras del exilio histórico de Miami a las que La Habana acusa de estar detrás de diversas actividades terroristas contra Cuba.

Inmediatamente después de la emisión del documental, García denunció un acto de repudio a las puertas de su casa, y el miércoles contestó a las acusaciones: “Entiendo la necesidad del régimen de buscarle la quinta pata al gato para negar lo obvio. Archipiélago y la marcha son propuestas totalmente genuinas, nacidas dentro de Cuba, como resultado de la crisis económica, política, social, cultural y moral que sufrimos los cubanos, como consecuencia de la falta de derechos, democracia, libertad y soberanía ciudadana que padecemos desde hace ya siete décadas”.

El dramaturgo, que ha rechazado en numerosas ocasiones las acusaciones oficiales de ser un “operador político de EE UU”, afirmó que el taller organizado en la capital de España fue transparente, y agradeció “al evento académico de tres días en Madrid la oportunidad de conocer el Guernica, de visitar museos, de hablar de cambios políticos en Cuba como algo absolutamente normal y necesario, de preguntarle a Felipe González sobre aquellas noches de pesca con Fidel y de aumentar la cultura sobre el papel de los ejércitos en sociedades democráticas”.

A dos semanas de la marcha, las cosas están así de encendidas en el país, donde lo sucedido no es habitual ni puede entenderse sin el nuevo papel desempeñado por las redes sociales y las graves penurias económicas que convierten la vida diaria en la isla en un calvario. En un ambiente hiperpolarizado tras las protestas del pasado 11 de julio, detractores y defensores de Archipiélago inundan hoy con sus opiniones Facebook e Instagram, convertidos en altavoces de posiciones extremas, aunque también de llamamientos a la cordura para evitar que haya violencia el 15-N y se traspase una línea roja.

Washington asegura que seguirá de cerca la situación

Más propaganda no ha podido tener la llamada Marcha cívica por el cambio. Desde su convocatoria por la plataforma Archipiélago, hace más de un mes, se han escrito cientos de páginas sobre ella, a favor y en contra, y hasta el Gobierno cubano le ha dedicado espacios destacados en la prensa y en los discursos, acusando a EE UU de estar detrás de lo que considera una “maniobra subversiva”. Grupos del exilio desde el inicio han apoyado la protesta, convocando manifestaciones en más de 50 ciudades del mundo en apoyo al 15-N, y congresistas y senadores cubanoamericanos también la han respaldado. Hasta la Administración de Biden ha dicho que vigilará de cerca lo que suceda ese día. Adelantándose a los acontecimientos, Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente Biden, afirmó que Estados Unidos responderá, posiblemente con sanciones, si se “violan los derechos fundamentales” del pueblo cubano o se enjuicia a los organizadores de las protestas. En la Unión Europea, diputados del Partido Liberal han pedido a la Eurocámara que sus diplomáticos en La Habana salgan ese día a las calles para seguir de cerca los acontecimientos.
Para el Gobierno cubano, la marcha por el cambio no es más que “un intento de generar un clima de inseguridad, desestabilización e ingobernabilidad, justo el día en el que el país abre sus fronteras internacionales y más de 1.600.000 educandos retornan a las escuelas”. Para los opositores de Archipiélago, es simplemente el ejercicio de un derecho legítimo, el de manifestación, para expresar su desacuerdo con el sistema.