La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada mayoritariamente por el presidente Nayib Bukele, ha consumado una controvertida reforma de la Ley de Carrera Judicial que jubilan de manera automática a un tercio de los 690 jueces del país y a decenas de fiscales. El principal argumento del presidente del Parlamento, Ernesto Castro, fue el de “no más jueces corruptos y justicia a la medida de grupos de poder”.
La disposición afecta a jueces que tienen más de 60 años de edad o que hayan cumplido 30 años de servicio. Entre los destituidos está Jorge Guzmán, el juez a cargo del caso El Mozote, una masacre en la que, al menos, 1.000 civiles fueron asesinados en 1980. En noviembre de 2020, Guzmán pidió a la Fiscalía determinar si Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales en varias unidades militares, incurriendo en supuestos “incumplimiento de deberes, desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento”.
El caso de Guzmán condensa lo que plantean los de Bukele. “Para aquellos que el régimen o cualquiera de sus funcionarios considere enemigos, ya no hay escape”, planteó en un editorial El Faro. “Cualquiera es ahora sujeto de persecución judicial, sin derecho al debido proceso; sin defensa posible. Ya no hay independencia judicial, ni garantías constitucionales ni recursos judiciales. Ya no hay Estado de derecho. Para los amigos del régimen, en cambio, ya no hay temor de que sus delitos sean castigados”.
Tras la aprobación por parte del Parlamento, los magistrados de Cámara, jueces de primera Instancia y jueces de paz rechazaron la reforma a la Ley de la Carrera Judicial y los debates previos a su aprobación “por ser ofensivos e indignos de la investidura judicial”.
La Cámara alega que el Parlamento no tiene la facultad de reformar la Ley de Carrera Judicial, por tanto lo obrado por los legisladores de la bancada oficialista de Nuevas Ideas (con la complicidad de los partidos Gana, PDC y PCN) resulta espurio. “Con estas reformas se vulnera la independencia judicial en el país, y se violan derechos constitucionales como el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad jurídica”, plantearon en un comunicado.
El Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños también reprobó las reformas y sostuvo que el oficialismo pretende “engañar al pueblo diciendo que lo hacen porque el pueblo pidió la depuración del Órgano Judicial. La ley ya establecía mecanismos para sancionar a jueces que actúen al margen de la ley”, insistieron los directivos sindicales.
Las reformas aprobadas este martes no “resultan sorpresivas”, según el editorial de El Faro, ya que la aplanadora encabezada por Bukele ya había amenazado a “jueces con sufrir consecuencias si no resuelven de determinada manera”. “Y les acusan de favorecer intereses de ‘benefactores’ cuando juzgan en contra de la voluntad de Bukele y su grupo. No es, por lo tanto, un secreto el objetivo de la reforma aprobada con dispensa de trámite”, alertó la publicación, constantemente atacada y vilipendiada por el oficialismo por sus investigaciones periodísticas, como lo más reciente que prueba cómo el Gobierno negoció con las maras y trató de borrar la evidencia con el nuevo fiscal nombrado por el legislativo, Rodolfo Delgado.
La reforma a la Ley de la Carrera Judicial fue introducida a la sesión plenaria de este martes con dispensa de trámite por un legislador del partido oficialista Nuevas ideas y se aprobó sin mayor debate parlamentario con 63 votos de los 84 diputados.
Leales a Bukele nombrarán sustitutos
Además de la purga de judiciales, las reformas aprobadas incluyen una que autoriza a la Corte a “tomar las medidas pertinentes para cubrir las sedes judiciales que queden vacantes”, y a “verificar” que se le dé cumplimiento a lo establecido. Otra reforma habilita a la Corte a efectuar “traslados y nombramientos correspondientes, necesarios e indispensables en las sedes que quedasen vacantes a fin de que el acceso a la justicia no se vea alterado”.
La Corte Plena y el Fiscal General responden directamente al presidente Bukele y son quienes nombrarán a los sustitutos de los jueces y fiscales defenestrados. Este nuevo zarpazo a la independencia judicial se suma a lo ejecutado el pasado 1 de mayo, cuando los diputados destituyeron de manera irregular a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.
“Este era un paso (destitución de jueces) esperable en el proceso de desmantelamiento de la democracia y de concentración de poder, que el grupo que hoy gobierna inició el mismo día en que Nayib Bukele tomó posesión de la Presidencia de la República”, remarcó El Faro. “Es un grupo que tiene a la intolerancia como ideología, el autoritarismo como ideal, la propaganda como estrategia y la corrupción como ejercicio exclusivo. Estas reformas significan un avance en el camino hacia sus objetivos, que son, en resumen, poner fin a nuestra era democrática”.
