De los ‘Papeles de Pandora’ al estado de excepción: Chile, el milagro económico convertido en polvorín
Piñera será el primer presidente investigado por la Fiscalía, sufrirá su segundo intento de ‘impeachment’ y acaba de aplicar el tercer estado de excepción.
“Misión cumplida. Moneda tomada, presidente muerto”, comunicó el general Javier Palacios sobre las 15:00 horas del 11 de septiembre de 1973 ante el cuerpo, ya inerte, de Salvador Allende. Había sido el acto final de años de infructuosos esfuerzos norteamericanos por impedir el ascenso de Allende, un estrepitoso y costoso fracaso que Pinochet resolvió con bombas y proyectiles. A la brava: traicionando a su propio país y entregándolo a los intereses de Estados Unidos.
Comenzaba así ‘el milagro económico de Chile’, de los ‘Chicago Boys’ de Milton Friedman, un milagro económico que ha empobrecido a los chilenos hasta umbrales exasperantes. Porque el trauma chileno de hoy es la consecuencia de la bestialidad norteamericana de ayer. Y ‘el ayer’ fue la privatización del país por Pinochet para superar el colapso económico de 1973 y la hiperinflación del año siguiente —del 745 %—, lo que permitió que Chile ofreciera durante tres décadas índices macroeconómicos muy por encima del resto de países latinoamericanos.
Un milagro al que una subida de 30 pesos en el precio del transporte en 2019 reventó para siempre. Desde entonces, Chile es un país que no sabe muy bien qué página desea escribir, si la que ya se sabe de memoria tras casi medio siglo de tiranía, militar o económica, o la que una mañana fue enterrada entre escombros. “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”, alegó Allende cuando, ante la propia muerte, ya solo hablaba para la historia.
Un Chile en estado de excepción por un presidente acorralado
De la situación que vive Chile da muestra los históricos registros logrados por Sebastián Piñera en este segundo mandato —comenzó en 2018—: será el primer presidente investigado por la Fiscalía, sufrirá su segundo intento de ‘impeachment’ y acaba de aplicar el tercer estado de excepción —nadie antes lo había hecho ni una sola vez en democracia—.
En este contexto de inestabilidad absoluta, Piñera pretende voltear la crisis con el tradicional contraataque derechista: el shock. Es por ello que ha recurrido a la militarización de parte del país, la región tradicional de los mapuches, con el fin de desviar la atención sobre las corruptas sombras que le acechan y mejorar las pésimas perspectivas electorales del candidato elegido para sucederle —Piñera no puede presentarse, pero en la segunda vuelta no parece que vaya a estar, según los sondeos, su candidato, Sebastián Sichel (14 %), muy lejos de los candidatos de la izquierda, Gabriel Boric (29 %), o la ultraderecha, José Antonio Kast (25 %)—.
El presidente, solo
En su defensa, Piñera ha señalado que ya fue absuelto en 2017 del proceso que habría juzgado las revelaciones de los ‘Papeles de Pandora’, por lo que, según él, no habría mayor novedad judicial —el proceso culminado en 2017 fue resultado de los escándalos financieros revelados durante su primer mandato, entre 2010 y 2014—; y, en todo caso, desde el año 2010 habría estado utilizando fideicomisos ciegos para la gestión de su patrimonio, esto es personas que gestionan sus negocios e intereses sin conocimiento suyo alguno. Algo difícil de creer si tenemos en cuenta que los fideicomisos de Piñera no parecen ser tan ciegos como pretende, ya que fueron sus hijos y su mejor amigo, Carlos Délano, un empresario que, por si fuera poco, ya fue condenado por delitos tributarios. Lógicamente, con semejantes entresijos, casi nadie le cree: ni la ciudadanía ni la Fiscalía ni la oposición política ni parte de sus propios diputados.
Y es que dentro de las revelaciones de los ‘Papeles de Pandora’, que señalan que el presidente chileno habría utilizado paraísos fiscales para sus negocios, resulta especialmente sensible la forma de pago de la compraventa de Minera Dominga, en el que se incluyó un pago de 10 millones dólares condicionados a que no hubiera modificaciones en la legislación medioambiental que mermasen la producción. Es esta cuestión, precisamente, sobre la que tiene potestad tanto el Gobierno chileno como el propio Piñera, la que no habría sido juzgada durante el proceso y podría ser objeto de “los delitos de cohecho –contemplado en el artículo 248 bis del Código Penal–, soborno en el caso de particulares –tipificado en el artículo 250 del mismo cuerpo legal– y delitos tributarios” —así lo expone el análisis de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía hecho público en un comunicado—.
Convertirse en el primer presidente investigado por la Fiscalía por corrupción no es ni mucho menos lo peor de la situación de Piñera o de la derecha chilena, ya que la oposición ha impulsado el juicio político al presidente chileno, el segundo en el mandato.
Por si hubiera dudas en cuanto al conflicto de intereses, cabría señalar que la región en la que se sitúa el proyecto minero no fue protegida ni en el primer mandato de Piñera —2010 a 2014— ni tampoco en este segundo comenzado en 2018, ello a pesar de encontrarse la Reserva Nacional de pingüinos de Humboldt, un espacio de biodiversidad único en el mundo para aves marinas, delfines o ballenas.
Con todo, convertirse en el primer presidente investigado por la Fiscalía por corrupción no es ni mucho menos lo peor de la situación de Piñera o de la derecha chilena, ya que la oposición ha impulsado el juicio político al presidente chileno, el segundo en el mandato, que cuenta con el apoyo del Congreso y con el respaldo de una mayoría ciudadana —siete de cada diez chilenos apoya el juicio político al todavía presidente—, pero que encontrará serias dificultades en el Senado. Lo que se debe más a cuestiones políticas, por la cercanía electoral, que a razones de derecho.
Por todo ello, por las terribles desigualdades que asolan a los chilenos provocadas por ese expolio de riqueza que aumentó, durante décadas, tanto los índices macroeconómicos como las cuentas bancarias de las élites chilenas en los paraísos fiscales o los balances financieros de las grandes empresas multinacionales, la calle bulle: centenares de personas han protagonizado distintas protestas en los últimos días, se han producido disturbios en la región tradicional de los mapuches y una huelga de camioneros amenazaba con desabastecer la capital. La sociedad chilena es, también, un polvorín.
La militarización del territorio mapuche
Unas protestas que han permitido a Sebastián Piñera declarar el estado de excepción constitucional durante quince días para “enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”. Un estado de excepción basado en un supuesto repunte de incendios por parte de grupos violentos mapuches en las regiones de Biobío y La Araucanía que podría ser prorrogado durante otros quince días. Aunque, quizás, no parezca tan necesario enviar militares al sur de Chile para perseguir el crimen organizado, como enviar inspectores a los fideicomisos del presidente.
La declaración del estado de excepción ha permitido desviar la atención de la ciudadanía sobre el escándalo de corrupción de Piñera y, lo que puede ser más importante con vistas a su futuro judicial, a su candidato.
Porque esta histórica declaración de excepción —el tercero aplicado por Piñera en solo dos años tras el aplicado durante las protestas sociales contra el modelo chileno de 2019 y la pandemia en 2020—, ha permitido desactivar la huelga de camioneros que bloqueaba el acceso principal a Santiago de Chile desde el sur, amenazando a la capital con el desabastecimiento; y, no menos importante, ha permitido desviar la atención de la ciudadanía sobre el escándalo de corrupción de Piñera que tanto está afectando al propio presidente y, lo que puede ser más importante con vistas a su futuro judicial, a su candidato.
No obstante, según fuentes policiales, las acciones violentas en territorio mapuche, reivindicadas por la CAM —Coordinadora Arauco-Malleco—, aumentaron un 94 % durante el primer semestre sin que se aplicara estado de excepción alguno. Quizás porque entonces no hacía falta cortina alguna, como tampoco hacía falta distracción alguna en los estallidos de violencia con los mapuches en 2013 o 2018. Lo que, además, se agrava si tenemos en cuenta que ya existe de facto una militarización de la región, con allanamientos o persecución de líderes mapuches, que en su mayoría —el 70%— rechazan la violencia.
Así y todo, lo peor del asunto es que el estado de excepción no tiene utilidad alguna para resolver el conflicto con los indígenas chilenos, pues a diferencia de lo que sucede en Nueva Zelanda o Canadá, en Chile no existe la intención de integrar a las comunidades indígenas que perdieron de forma bastante inapropiada gran cantidad de sus tierras durante los últimos doscientos años. Como tampoco existe intención de repartir equitativamente las riquezas que se encuentran en el tradicional territorio de los mapuches o convertir a Chile en un estado plurinacional que tenga en cuenta al pueblo mapuche, ni siquiera cuando la inmensa mayoría de chilenos está a favor de reconocerles en la nueva Constitución —93 %— y de reservar cupos para indígenas en el Congreso —73 %—.
Redacción de la Constitución chilena tras las protestas de 2019
Y de fondo, la redacción de la mencionada nueva constitución que sustituya la vigente, redactada durante la dictadura de Pinochet, y que tan poco había incomodado a las élites chilenas durante décadas.
No obstante, el 18 de octubre se cumplieron dos años del estallido social que provocó durante 2019 una de las situaciones más críticas de Chile desde la caída de la dictadura. Una crisis que se resolvió con se acostumbra en occidente: con represión, violencia policial y militar e, incluso, acoso sexual. Todo con tal de contener las protestas sociales por la enorme desigualdad del país y el trato de favor que reciben las élites en comparación al resto de la ciudadanía, incluidos los pueblos indígenas. Un trato de favor que tiene mucho que ver con la traición de estas el 11 de septiembre de 1973… Pero, como dijo Allende, “la historia es nuestra, la hacen los pueblos”. La nueva Constitución es una oportunidad más.
